Tras la oleada de amenazas de ataques contra establecimientos educativos ocurrida en abril y en un contexto de avance de comunidades digitales que promueven e imitan hechos de violencia extrema, el Gobierno nacional modificó el protocolo que regula las tareas preventivas de las fuerzas federales en internet y habilitó la continuidad del monitoreo de publicaciones en redes sociales y sitios web de acceso público cuando existan indicios de riesgo.  

La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva. La norma modifica uno de los puntos centrales de la Resolución 428/2024, que establece las pautas para las labores preventivas de las fuerzas policiales y de seguridad en entornos digitales.

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostiene que la normativa vigente resultaba insuficiente para responder con rapidez ante situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, requieren una actuación preventiva inmediata.

Qué cambia

La resolución mantiene como regla general que, cuando durante una tarea preventiva se detecte que quien realiza una publicación es un menor de edad, el monitoreo debe suspenderse y dejar constancia de esa situación. Sin embargo, incorpora cinco excepciones que permiten a las fuerzas federales continuar con la investigación preventiva cuando:

• Exista riesgo para la vida del menor.
• Haya indicios de que se encuentra desaparecido, sustraído o en situación de desamparo.
• Se detecten conductas autolesivas o riesgo de suicidio.
• El menor sea presunta víctima de un delito que se esté cometiendo en tiempo real a través de internet y la interrupción pueda frustrar la investigación.
• Existan indicios fundados de amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en establecimientos educativos u otros lugares de concurrencia pública, ya sea que el menor aparezca como presunta víctima o como presunto autor.

En todos estos casos, el personal interviniente deberá dejar constancia de los motivos que justificaron la continuidad del monitoreo y comunicar de inmediato la situación a la autoridad responsable.

La "True Crime Community", bajo la lupa

Las investigaciones sobre estos casos detectaron un denominador común: la vinculación de los atacantes con la denominada True Crime Community (TCC), una subcultura digital integrada principalmente por adolescentes y jóvenes que consume, comparte y glorifica contenidos relacionados con crímenes reales y, especialmente, con tiroteos escolares.

En abril de este año, la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), dependiente del Ministerio Público Fiscal, publicó el primer informe oficial argentino sobre este fenómeno y advirtió que existen "varias investigaciones en trámite" vinculadas a estas comunidades.

El documento define a la TCC como una red descentralizada y transnacional que opera mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas sobre hechos de violencia extrema, generando un fenómeno conocido como "efecto copycat", por el cual cada ataque puede convertirse en inspiración para nuevos hechos similares.

Según el informe, el proceso suele comenzar con el consumo de contenidos en plataformas abiertas como TikTok o YouTube, continúa con la migración hacia espacios más cerrados como Telegram o Discord y, en los casos más graves, deriva en grupos donde se intercambia material violento y se planifican ataques.

Investigación en entornos digitales

La modificación del protocolo se suma a otras herramientas incorporadas por el Ministerio de Seguridad para combatir el ciberdelito.

Desde el año pasado, las fuerzas federales pueden utilizar agentes encubiertos digitales con identidades ficticias para infiltrarse en plataformas como Telegram, Discord y otros espacios virtuales, siempre bajo autorización judicial, con el objetivo de investigar delitos complejos. 

Especialistas señalan que la detección temprana resulta clave para prevenir estos hechos y advierten sobre una serie de señales de alerta, como el consumo obsesivo de contenidos sobre masacres, la admiración por atacantes, la acumulación de material violento y la participación activa en comunidades virtuales que exaltan este tipo de crímenes.

Con la nueva resolución, el Gobierno busca fortalecer esas tareas preventivas y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores herramientas para actuar antes de que una amenaza difundida en redes sociales pueda convertirse en un ataque real.