Tras un megaoperativo de la Justicia Federal que derivó en la clausura de la cadena de gimnasios Exen y el secuestro de equipamiento en Chaco y Corrientes, más de 100 trabajadores exigen una respuesta a su situación laboral y se movilizan este lunes frente al Juzgado Federal Nº 1 en Resistencia.

Los damnificados reclaman la continuidad de sus puestos y el cobro inmediato de sueldos atrasados, en medio de una causa por presunto lavado de activos que mantiene detenidos a los principales directivos de la firma.

Ante este escenario, la protesta se dirige de forma puntual a la jueza federal Zunilda Niremperger, a quien le solicitan que intervenga para resguardar las fuentes de trabajo y habilitar la cancelación de haberes impagos.

A través de las redes sociales de la empresa, el personal también usó este canal para visibilizar su reclamo: "Mientras se habla de una investigación, hay trabajadores que necesitan ser escuchados".

Cierre de sedes, secuestro de equipos y parálisis total

El avance de la causa judicial paralizó por completo la actividad comercial de la firma en la región. Los operativos simultáneos alcanzaron a todas las sedes de la red, ubicadas en Corrientes Capital, Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno.

Durante los allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional, los efectivos secuestraron y fajasaron máquinas de entrenamiento y equipamiento pesado, los cuales quedaron incorporados a la causa como patrimonio bajo investigación.

Por su parte, la empresa confirmó la suspensión indefinida de todas sus operaciones, dejando en la incertidumbre tanto a sus empleados como a los clientes con membresías vigentes.

Movilización al Juzgado Federal Nº 1 de Chaco

Frente a la parálisis de los locales y la falta de respuestas, los trabajadores coordinaron acciones públicas. La convocatoria para este lunes se fijó frente a la sede judicial situada en calle Yrigoyen (entre Sarmiento y Güemes), frente a la Plaza 25 de Mayo en Resistencia.

Asimismo, enviaron una carta a la jueza Niremperger para exponer la gravedad de su situación por la interrupción de actividades y la mora salarial que, según denuncian, en varios casos se arrastra desde hace meses.

Con esta medida, el personal busca visibilizar su vulnerabilidad e instar a la Justicia a que habilite vías de cobro mediante los bienes cautelados en el expediente.