La situación de los empleados de Musimundo alcanzó una definición judicial decisiva tras la declaración de quiebra de CARSA S.A. El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, resolvió no continuar con la explotación de la firma y dispuso la extinción total de los contratos de trabajo, con efecto retroactivo al 2 de septiembre.

La medida se tomó a solicitud de la sindicatura, que ratificó la imposibilidad de mantener operativa la empresa.

Trámites por desempleo y cobertura médica

Para atenuar el impacto en los exempleados, el magistrado dispuso que la resolución judicial sirva como certificación oficial para gestionar el fondo de desempleo y dar continuidad a la cobertura de las obras sociales. Asimismo, se libró un oficio a la Jefatura Regional de ANSES en Resistencia para agilizar estos trámites.

Fondos bajo control judicial

En paralelo, el Nuevo Banco del Chaco informó al juzgado la transferencia de $118.073.527,64 pertenecientes a CARSA S.A. a la cuenta judicial del expediente. Estos fondos, ingresados a la empresa desde el inicio del concurso preventivo, quedaron bajo administración de la Justicia a pedido de la sindicatura.

Sin embargo, en el expediente no se especifica aún si dicho monto se destinará de forma directa al pago de las indemnizaciones ni en qué plazos se realizarían eventuales desembolsos.

El camino hacia el cierre definitivo

El desenlace sobreviene tras meses de severo deterioro financiero:

• 17 de julio: CARSA ingresó en concurso preventivo para reestructurar sus pasivos.
• 26 de agosto: El directorio aprobó un plan de cierre de sucursales tras fracasar la venta de 45 locales.
• 2 de septiembre: El juzgado decretó la quiebra al constatar el estado de cesación de pagos.
• Deuda bancaria: Según datos del Banco Central a julio de 2026, la firma acumulaba una deuda bancaria superior a los $2.242 millones, concentrada principalmente en el Banco Nación, Banco Macro, Banco de Comercio y Nuevo Banco del Chaco.

Por su parte, los trabajadores venían denunciando que el vaciamiento de la firma se arrastraba desde 2017 y que la crisis final fue desencadenada por una deficiente gestión gerencial y conflictos internos entre accionistas.