El conflicto se originó tras la decisión del IOSAP de elevar el aporte de $12.000 a $15.000 a partir del 1 de mayo de 2026.

El Colegio de Abogados cuestionó judicialmente el incremento por considerarlo irrazonable, excesivo y lesivo para las condiciones del ejercicio profesional y el acceso a la justicia. 

El Juzgado evaluó la evolución de los montos frente a los Índices de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y tomando como referencia las estadísticas oficiales,  concluyó que fijar la cuota en $15.000 resulta desproporcionado e injustificado y  confiscatorio, dado que la suma se exige en cada primera intervención profesional y .admitió  la vía excepcional de la medida autosatisfactiva.

 En consecuencia, ordenó retrotraer el valor de la cuota a $12.000 (monto de agosto de 2025 que no había sido objeto de impugnación) e impuso las costas procesales a la entidad demandada. Finalmente, en sus fundamentos, la magistrada exhortó a ambas instituciones a trabajar conjuntamente en pos del beneficio general de sus afiliados y aportantes.