Cada 28 de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional de la Ancianidad, una fecha que tiene su origen en un acontecimiento ocurrido en 1948, cuando Eva Perón presentó públicamente la Declaración de los Derechos de la Ancianidad.

Más allá del nombre tradicional de la efeméride, la jornada permite poner en discusión un tema que continúa vigente: el lugar que ocupan las personas mayores en la sociedad y la necesidad de garantizar que puedan transitar esta etapa de la vida con dignidad, autonomía y acceso efectivo a sus derechos.

El antecedente argentino tiene además una particular importancia histórica. El Decálogo de 1948 fue posteriormente incorporado a la Constitución Nacional de 1949, convirtiéndose en una de las primeras experiencias de reconocimiento específico de derechos para las personas mayores.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Ancianidad el 28 de agosto?

La fecha recuerda el 28 de agosto de 1948, cuando Eva Perón proclamó el denominado Decálogo de los Derechos de la Ancianidad.

El documento establecía diez derechos fundamentales destinados a proteger a las personas mayores: asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto.

La iniciativa formó parte de las políticas sociales impulsadas durante aquellos años y buscó reconocer que las personas mayores debían contar con una protección específica por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Poco después, el 15 de octubre de 1948, el Poder Ejecutivo oficializó el Decálogo mediante el Decreto 32.138/48, que estableció que las iniciativas y acciones de los poderes públicos debían inspirarse en esos principios.

Los diez derechos de la ancianidad

El documento presentado en 1948 contemplaba una serie de derechos que, para la época, representaban un planteo novedoso sobre la protección de las personas mayores.

El primero era el derecho a la asistencia, que establecía la obligación de brindar protección integral a las personas mayores en situación de desamparo.

También se reconocía el derecho a la vivienda, entendido como el acceso a un lugar digno y con condiciones adecuadas; el derecho a la alimentación, con una dieta acorde con la edad y las condiciones físicas; y el derecho al vestido.

El Decálogo incorporaba además el derecho al cuidado de la salud física y moral, el derecho al esparcimiento, el derecho al trabajo cuando las condiciones lo permitieran, el derecho a la tranquilidad y, finalmente, el derecho al respeto y la consideración de los demás.

Un antecedente en el reconocimiento de derechos

La importancia histórica de aquel documento excedió el contexto político en el que fue elaborado.

La incorporación de estos principios a la Constitución de 1949 convirtió a la protección de las personas mayores en una cuestión reconocida dentro del marco constitucional argentino. Desde entonces, el debate sobre el envejecimiento comenzó a vincularse cada vez más con los derechos sociales.

La experiencia argentina también fue recordada décadas después como un antecedente dentro de la discusión internacional sobre los derechos de las personas mayores.

Del concepto de “ancianidad” al de personas mayores

Con el paso del tiempo también cambió la manera de hablar sobre el envejecimiento.

El término “ancianidad”, presente en el nombre tradicional de la efeméride, pertenece a un lenguaje utilizado históricamente para referirse a las personas de edad avanzada. En la actualidad, organismos especializados suelen utilizar expresiones como personas mayores o personas de edad.

Este cambio no es solamente una cuestión de palabras. También refleja una transformación en la manera de entender el envejecimiento.

Las personas mayores no son solamente sujetos que necesitan asistencia o cuidados. También son personas con derecho a decidir sobre sus propias vidas, participar de la sociedad, trabajar cuando así lo desean y pueden hacerlo, acceder a la cultura, disfrutar del tiempo libre y mantener vínculos sociales.

La vejez también forma parte de la vida activa

La sociedad actual plantea una realidad muy diferente a la de mediados del siglo XX.

Las personas viven, en promedio, más años y muchas continúan desarrollando actividades laborales, educativas, culturales y sociales durante buena parte de su vida.

La jubilación tampoco significa necesariamente el final de la actividad.

Para algunas personas representa el comienzo de una nueva etapa en la que pueden dedicarse a proyectos personales, actividades recreativas, estudios, voluntariado o tareas comunitarias.

Reconocer esta diversidad es importante para evitar que la vejez sea asociada únicamente con enfermedad, dependencia o aislamiento.

El derecho a no estar solo

El aislamiento social es otro de los problemas que pueden afectar a las personas mayores.

La pérdida de vínculos familiares, la muerte de amigos o parejas, las dificultades de movilidad y las barreras económicas pueden favorecer situaciones de soledad.

Por eso, las políticas destinadas a las personas mayores no deberían limitarse a la atención sanitaria.

Los centros comunitarios, clubes, espacios culturales, actividades recreativas y programas de participación pueden cumplir un papel importante para fortalecer los vínculos y evitar el aislamiento.

Una fecha que sigue vigente

El Día Nacional de la Ancianidad, que se conmemora cada 28 de agosto en Argentina, tiene más de siete décadas de historia, pero muchos de los temas que dieron origen a la fecha continúan formando parte de los debates actuales.

La asistencia, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, el esparcimiento, la tranquilidad y el respeto que aparecían en aquel Decálogo de 1948 siguen siendo dimensiones fundamentales para garantizar una vida digna.

La diferencia es que hoy la mirada sobre el envejecimiento incorpora además conceptos como autonomía, independencia, participación y derechos humanos.

La efeméride invita, entonces, a revisar cómo una sociedad trata a quienes envejecen y qué lugar les ofrece.

Porque garantizar los derechos de las personas mayores no significa solamente atender sus necesidades cuando aparecen dificultades. También implica construir una sociedad en la que envejecer no sea sinónimo de perder oportunidades, voz ni autonomía.

Y en ese sentido, aquella declaración presentada el 28 de agosto de 1948 continúa siendo un punto de partida para pensar qué significa hoy envejecer con dignidad.