La Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 12, un conjunto de proyectos de ley que incluye modificaciones vinculadas con la propiedad privada, la regulación de la compra de tierras rurales por extranjeros y distintas iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento familiar, medicamentos y delitos en establecimientos agropecuarios.

La sesión especial fue convocada por La Libertad Avanza y entre los principales asuntos del temario se encuentra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que recibió media sanción del Senado el pasado 6 de agosto y fue modificado durante su tratamiento en las comisiones de Diputados.

Los cambios incorporados incluyen la restitución de la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había sido dispuesta por el presidente Javier Milei mediante el DNU 70/2023. Debido a las modificaciones introducidas en la Cámara baja, si el proyecto obtiene la aprobación de los diputados deberá regresar al Senado para su tratamiento.

Propiedad privada: qué cambios se debatirán

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo dictamen de mayoría la semana pasada, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

Durante el debate en comisión, se incorporó un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales, a partir de una propuesta del diputado radical Diógenes González. La modificación contó con el respaldo de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y José Núñez, de Provincias Unidas.

El capítulo agregado está compuesto por dos artículos. El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. En tanto, el artículo 39 restablece esa normativa, que establece restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales.

De aprobarse el texto con estas modificaciones, se revertiría la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo al comienzo de la gestión de Milei. La iniciativa también contempla cambios en las leyes de expropiaciones y regularización dominial.

Discapacidad y endeudamiento familiar

Otro de los puntos previstos para la sesión es la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Sobre este tema, el oficialismo presentó un dictamen denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La propuesta busca incorporar los beneficios de la Ley 27.793 a un régimen permanente, en lugar de mantenerlos bajo el esquema transitorio de la emergencia.

Durante el debate del Presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había asegurado ante los legisladores que estaban garantizados los recursos destinados a las personas con discapacidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reiteró ese compromiso el martes.

La agenda también incluye proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias. En este punto, La Libertad Avanza presentará un dictamen con diferencias respecto de las iniciativas impulsadas por Unión por la Patria y Provincias Unidas. La propuesta oficialista, acompañada por aliados del PRO y la UCR, pone el foco en la educación financiera, la transparencia crediticia y la prevención del fraude digital.

El texto no plantea una intervención estatal directa sobre los acuerdos crediticios entre privados. La diputada libertaria Silvana Giudici defendió ese enfoque y sostuvo que el Estado no debe intervenir en ese tipo de relaciones.

Trazabilidad de medicamentos: controles y registros digitales

Otro de los proyectos que se tratarán busca reforzar la trazabilidad de medicamentos, productos críticos y sus materias primas. La iniciativa propone implementar registros digitales en tiempo real y establecer protocolos de actuación ante sospechas de contaminación. El objetivo es fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de estos productos.

El texto toma como base una propuesta de Giudici e incorpora iniciativas presentadas por los diputados Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi y Marcela Pagano, además de proyectos de las exdiputadas Danya Tavela y Mónica Fein.

Vandalismo rural: qué penas contempla el proyecto

Los diputados también analizarán un proyecto impulsado por el legislador del PRO Martín Ardohaín para incorporar nuevas figuras al Código Penal vinculadas con hechos de vandalismo rural. La propuesta establece, por un lado, penas de uno a 12 meses de prisión para quienes ingresen a establecimientos rurales contra la voluntad de las personas que tienen derecho a excluirlos.

Por otro, contempla penas de dos a ocho años de prisión y multas equivalentes a entre tres y doce veces el daño causado para quienes destruyan o inutilicen elementos relacionados con la actividad agropecuaria, siempre que no se genere una situación de peligro común. Entre los bienes mencionados se encuentran los cereales sin cosechar, las silobolsas, el ganado y la infraestructura productiva.