La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves la declaración de utilidad pública de dos lotes de El Soberbio, que suman más de 538 hectáreas, para avanzar en la regularización de las tierras. La medida contempla su compraventa y busca dar una solución dominial a unas 37 familias que viven en el lugar y enfrentan una demanda de desalojo.

El diputado Roque Soboczinski señaló que acompaña a los vecinos desde 2015 y conoce la situación de las familias que viven en esos terrenos. Según explicó, más de 30 familias, que reúnen a más de cien personas, ya ocupaban las parcelas cuando se completó la escrituración a favor del actual titular. “Conozco a todos los vecinos de ahí, son familias de productores y trabajadores que buscan tener un hogar propio”, sostuvo.

Los terrenos figuran a nombre de una persona oriunda de Mercedes, Corrientes, quien los adquirió tras presentarse como acreedor de la empresa El Soberbio S.A. en un concurso preventivo. Según el proyecto, la escrituración se realizó en 2013, cuando las parcelas ya estaban ocupadas. En 2017, el titular inició una demanda de desalojo contra los habitantes, expediente que se encontraba en etapa probatoria al momento de elaborarse la iniciativa.

Roque SoboczinskLa compra de las tierras y el acceso a los títulos

La nueva norma habilita al Poder Ejecutivo provincial a intervenir como sujeto expropiante y establece que el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) realizará el relevamiento de los beneficiarios. Soboczinski explicó que el procedimiento contempla la tasación de los inmuebles y la negociación con el propietario para determinar el valor de adquisición antes de avanzar con la regularización.

Una vez que el Estado obtenga las tierras, el proyecto prevé la mensura, el fraccionamiento y la transferencia onerosa de las parcelas a los ocupantes que sean censados y legitimados. El destino deberá ser la vivienda familiar única y los beneficiarios no podrán tener otro inmueble a su nombre. Además, la ley establece que los terrenos no podrán venderse, donarse ni transferirse durante los diez años posteriores a la escrituración.

Para los habitantes, la aprobación representa un avance frente al riesgo de perder sus hogares. Jorge Antonio Muller, vecino y productor que acompañó la sesión, sostuvo que las familias conviven desde hace años “con una amenaza de desalojo” y agradeció el acompañamiento institucional ante el reclamo. 

Contó que espera “poder transmitir a mis hijos y nietos la seguridad de contar con un lugar propio” y recordó la incertidumbre que atravesó su hogar ante la posibilidad de un desalojo. “El apoyo que tuvimos de los diputados es muy importante, porque sin ellos nosotros ya estaríamos prácticamente en la calle”, agregó.

El arraigo como eje del reclamo

Soboczinski también explicó que algunas familias habitan los lotes desde hace más de cuatro décadas y que entre los posibles afectados por un desalojo hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El proyecto sostiene que una medida de ese tipo podría dejar a los hogares en situación de vulnerabilidad y plantea la intervención estatal como una forma de resguardar el acceso a la vivienda.

La regularización, sin embargo, todavía requiere completar las instancias administrativas y técnicas previstas. El Iprodha deberá identificar a los beneficiarios, realizar las mensuras correspondientes y avanzar con los trámites de transferencia, mientras que el Estado deberá resolver la adquisición de los inmuebles. Para los vecinos, el objetivo final es obtener los títulos de sus parcelas y terminar con décadas de incertidumbre sobre la tenencia de la tierra.

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