El Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones en programas educativos a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La medida afecta partidas destinadas a provincias, universidades nacionales, infraestructura escolar, becas estudiantiles y políticas de alfabetización.

La reducción más importante recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones. El programa financiaba transferencias a las provincias para sostener políticas educativas vinculadas a lectura, escritura y fortalecimiento escolar en los primeros niveles de enseñanza.

Otro de los ajustes más significativos alcanzó al Fondo de Compensación Salarial Docente, eliminado con una quita cercana a los $8.930 millones. Ese fondo era utilizado para asistir a las provincias en el pago de salarios y garantizar pisos mínimos para docentes de distintas jurisdicciones.

Un gran golpe a la infraestructura educativa de las provincias 

El recorte también impactó en infraestructura escolar y equipamiento educativo, con una baja superior a los $21.686 millones. A esto se sumó una reducción de $6.649 millones en el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, que incluye becas y asistencia para estudiantes.

Dentro de ese esquema, las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones, mientras que la empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió un recorte de $48.000 millones en transferencias.

Las universidades nacionales también quedaron alcanzadas por la medida. El Gobierno eliminó $5.303 millones destinados a infraestructura universitaria, lo que afecta obras en trece casas de estudio de distintas provincias.

La Universidad Nacional de La Plata aparece como la más perjudicada, con una pérdida superior a los $1.043 millones. También figuran entre las más afectadas las universidades de General San Martín y Avellaneda, con recortes de $700 millones cada una. A su vez, Río Cuarto perdió más de $680 millones y Entre Ríos otros $540 millones.

Un recorte que se profundiza 

El ajuste se suma al deterioro presupuestario que vienen denunciando las universidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025.

El mismo estudio proyecta que, a valores constantes de diciembre de 2026, la reducción acumulada podría profundizarse hasta el 41,6% respecto de los niveles previos al ajuste. Desde el sector universitario sostienen que la situación compromete el funcionamiento operativo de las instituciones, el sostenimiento salarial y la continuidad de programas.